Un reto importante del funcionamiento del sistema democrático es la descentralización del poder y la capacidad de la gente de ejercer responsablemente las facultades de autogobierno.
El paternalismo que ha caracterizado históricamente en América Latina las relaciones entre el poder estatal y los ciudadanos y entre el poder central y el municipal han llevado a diversas anomalías, que han generado malos hábitos y una cultura de dependencia.
La democracia latinoamericana ha tenido y tiene, pese a los grandes y positivos cambios que han estado ocurriendo, muchas asignaturas aún por rendir. Populismo, demagogia, corrupción, burocratismo, centralismo, paternalismo, son diversos fenómenos que aún en distintos grado de importancia continúan asfixiando o limitando algo que es básico y fundamental para el futuro del sistema democrático-republicano. Nos referimos al aprendizaje y ejercicio de la capacidad de que todo ciudadano tiene de administrar las cosas públicas en las diferentes escalas de las mismas, desde la barrial, pasando por la municipal, hasta las de orden nacional.
Muchas veces se escuchan cuestionamientos al funcionamiento de la democracia en los EE.UU. basadas en el bajo porcentaje de ciudadanos que sufragan en las elecciones presidenciales. Al comparar esto con la realidad de las elecciones nacionales en un país como el Uruguay en donde hay índices de votantes que superan el 80% parece confirmar la validez de la crítica. Pues bien más allá de que todos sabemos que el voto en Uruguay es obligatorio (en EE.UU. no lo es) no parece apropiado medir o comparar las realidades a partir sólo del ejercicio del derecho del voto, reduciendo – por más importantes y emblemático que ello sea – la democracia al sólo el ejercicio de un derecho que la ciudadanía tiene cada "x" cantidad de años según el país.
Como contrapartida la gente común tiene más poder en los EE.UU. del que tiene en las democracias latinoamericanas. Poder en el sentido real, que no es sólo el poder de reclamar sino el poder de resolver y cambiar positivamente aquellas cosas que afectan su vida familiar y comunitaria en el sentido más amplio (servicios públicos esenciales, justicia, educación, seguridad, etc.).
Forma y esencia son dos aspectos de una misma realidad como lo son en el ser humano mente y cuerpo. El voto es parte de la forma pero que refleja a su vez la esencia, los principios, leyes y valores de orden espiritual, filosófico, axiológico, que sustentan y dan vida y propósito al régimen de libertades. Muchas veces se ha criticado a la democracia formal como una cáscara vacía. Esas críticas, aunque puedan tener en muchas oportunidades una base de verdad, han conducidos todos sabemos a propagar la idea de la inutilidad de las "libertades burguesas" en paso hacia dictaduras de distinta ideología. El resultado no ha sido un perfeccionamiento de la democracia sino todo lo contrario.
Basado justamente en la relación que debe haber entre forma y esencia es que debemos buscar que aquella sea ajuste de la mejor forma posible al espíritu al que anima originalmente a la democracia. Veamos por ejemplo la religión cristiana. La reforma religiosa de los siglos XV y XVI trajo como resultado una democratización que se manifestó en que cada creyente retomaba su capacidad y poder de estudiar y dar la palabra de Dios y administrar y dirigir las instituciones religiosas. De la misma forma la democracia política, no debe impedir sino alentar a que los ciudadanos recobren su poder de orientar y administrar las cosas públicas. La democracia política debe ser una escuela cívica donde los ciudadanos tengan la oportunidad de mostrar su valor de administrar y dirigir servicios y bienes públicos empezando por los locales.
Quién estaría más capacitado en resolver los problemas comunitarios, ¿un burócrata sentado a kilómetros de donde suceden las cosas o los ciudadanos que enfrentan diariamente los problemas?. ¿No habrá entre estos aquellos dotados de la capacidad de resolverlos?. Por supuestos que sí. Se debería depositar más confianza en dar la administración y la gestión a los niveles comunales y municipales. Ese nivel es el primer escalón en la formación del liderazgo nacional.
Descentralizar no significa simplemente poner oficinas del Estado o de los Municipios en lugares distantes sino el depositar la administración y gestión de muchas actividades estatales o municipales en los niveles inferiores. Eso no tiende a la disminución del poder del Estado. Por el contrario el poder del Estado se ve afectado cuando es ineficaz, burocrático y oprime la capacidad de miles de ciudadanos de hacer las cosas mejor de lo que hasta ahora se hacen. El poder del Estado se ve reforzado cuando es un eficiente orientador, articulador y apoyo de los diferentes niveles donde miles de ciudadanos llevan adelante la administración y gestión de los diferentes asuntos de interés público.
En la democracia el ejercicio del Gobierno no debe hacerse bajo el criterio del dominio abusivo o la manipulación, ni limitando a otros en su deseo de hacer bien las cosas, sino bajo el principio que los líderes conducen por el valor de su ejemplo, de sus ideas y de sus realizaciones, y por su capacidad de estimular a otros a ciudadanos a tomar responsabilidad y llegar a ser buenos líderes para su comunidad, municipio y nación.
Hay varias definiciones de "política". Una de ellas es "ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un estado en sus asuntos interiores y exteriores". Como toda ciencia y arte necesita de gente experta y por ello los ciudadanos eligen entre los diferentes candidatos a aquellos que en su saber y entender tienen la mejor "ciencia" y el mejor "arte" para gobernar. Aunque como bien se lo aconsejará muchos siglos atrás, Jetro, a su yerno, Moisés, elige "varones de virtud" que amen la verdad y rechacen la avaricia, como los gobernantes de su pueblo.
Pero hay otra definición de "política" más amplia: "actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de otro modo". Esto es lo que debemos rescatar, el significado de "asuntos públicos" y el deber y derecho de los ciudadanos de participar en la resolución de los mismos y no ser meros observadores críticos de lo que los gobernantes hacen.
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